(Corresponsalía Buenos Aires) – Con el Decreto 35/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei modificó el Código Alimentario Argentino (CAA) y desreguló la importación y exportación de alimentos. La medida, presentada como un avance hacia la “libertad de mercado” y la eliminación de barreras burocráticas, ha encendido las alarmas entre especialistas en salud y seguridad alimentaria.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la iniciativa asegurando que busca “alimentos más económicos para los argentinos y más productos argentinos para el mundo”. Sin embargo, los cuestionamientos no se hicieron esperar. Según críticos, esta “innovadora desregulación” podría poner en riesgo la salud pública al reducir controles esenciales sobre los productos que ingresen al país.
¿QUÉ CAMBIÓ CON EL DECRETO?
El decreto elimina la obligación de registrar y autorizar muestras, productos, establecimientos, depósitos, utensilios y envases, entre otros requisitos. Además, exime de las exigencias del CAA a los alimentos provenientes de países como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, considerados de “alta vigilancia sanitaria”. Esto significa que estos productos solo deberán presentar una declaración jurada de importación.
Por otro lado, los alimentos destinados a exportación solo tendrán que cumplir con las normativas del país receptor, eliminando requisitos locales. Según Sturzenegger, esto es un paso hacia “desburocratizar y apoyar al productor nacional”.
CRÍTICAS Y TEMORES FUNDAMENTADOS
Especialistas en salud cuestionan la medida por su potencial impacto negativo en la seguridad alimentaria. La flexibilización de controles podría abrir la puerta a productos no aptos o con estándares que, si bien son aceptados en sus países de origen, podrían no ser adecuados para el contexto argentino.
“Los controles sanitarios no son un capricho burocrático, son la garantía de que lo que llega a nuestras mesas es seguro para consumir”, explicó un exfuncionario del Instituto Nacional de Alimentos. “Confiar ciegamente en certificaciones extranjeras sin adaptarlas a nuestras realidades puede tener consecuencias graves”.
IMPACTO EN LOS PRODUCTORES LOCALES
La medida también genera incertidumbre entre los productores nacionales, que deberán competir con productos importados sin la misma carga regulatoria. “No podemos permitir que el mercado se inunde de alimentos sin los mismos controles que se exigen aquí. Esto es una competencia desleal y un golpe al sector agroalimentario”, señaló un representante de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
¿AHORRO O COSTO OCULTO?
Mientras el gobierno asegura que la desregulación traerá “alimentos más baratos para los argentinos”, los críticos advierten que el costo real podría verse reflejado en la salud pública y el debilitamiento de la industria local. La eliminación de controles podría derivar en problemas sanitarios cuya resolución implique gastos mayores para el sistema de salud y el Estado.
EL ROL DEL ESTADO: ¿REGULADOR O ESPECTADOR?
Con esta medida, la administración Milei profundiza su política de achicar la intervención estatal, buscando convertirlo en un “facilitador” en lugar de un regulador. Sin embargo, los especialistas alertan sobre el riesgo de desproteger a los consumidores en un área tan sensible como la alimentación.
La libre importación de alimentos es un tema que atraviesa fronteras, pero en Argentina, su implementación sin un análisis exhaustivo podría generar más problemas que soluciones. La promesa de “alimentos más baratos” podría esconder un costo demasiado alto: la seguridad y el bienestar de los argentinos.