(Pablo Roma, Gremiales) – La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) lanzó una severa advertencia sobre las consecuencias del cese de los contratos de obra pública en las rutas nacionales. La decisión, dispuesta por el Administrador General de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, mediante la nota oficial NO-2025-23517811-APN-DNV#MEC, ordena a todos los distritos del país la baja inmediata de los convenios vigentes.
La medida, según denuncian desde el gremio, implica un repliegue total del Estado en el mantenimiento de la infraestructura vial, lo que podría dejar a miles de kilómetros de rutas en estado de abandono. “Se profundiza así el proyecto privatizador del gobierno, que busca el desguace de Vialidad Nacional y el beneficio de empresas privadas a costa de la seguridad y la conectividad del país”, señalaron fuentes de FEPEVINA.
El documento oficial establece que el recorte impactará tanto en las rutas que serán concesionadas bajo el Decreto 28/2025 como en aquellas que no están dentro de la red concesionada. Esto significa la interrupción de contratos de mantenimiento, la cancelación de acuerdos para la provisión de insumos esenciales y el cese de cualquier acción destinada a garantizar la seguridad vial.
Desde el sindicato aseguran que esta política lleva al país a una situación crítica. “Estamos ante un nuevo intento de implosionar Vialidad Nacional desde adentro”, afirman, comparando la actual coyuntura con el proceso de desmantelamiento del sistema ferroviario ocurrido en los años 90. “Sin inversión pública, sin mantenimiento y sin seguridad vial, el resultado será el aislamiento de pueblos y regiones enteras”, agregaron.
El gremio alertó que el deterioro de las rutas derivará en un aumento de accidentes viales y en la falta de conexión entre provincias. “Más muertes en las rutas y un país desconectado”, resumieron con preocupación.
Ante este escenario, FEPEVINA llamó a todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas a resistir la decisión y exigir un modelo de gestión vial pública que garantice el acceso seguro a la infraestructura estatal. “No permitiremos que se repita la historia”, concluyeron.