El piquetero Eduardo Belliboni y los dirigentes del Polo Obrero que fueron procesados por hechos de corrupción, se opusieron a ser enviados a juicio oral como requirió el Ministerio Público Fiscal. Solicitaron la nulidad del pedido de elevación, rechazando la existencia de una “matriz delictiva” de extorsión y coacción. Reiteraron que no hay elementos de pruebas para sustentar las acusaciones que pesan sobre ellos.
El 10 de febrero, el fiscal federal Gerardo Pollicita le pidió al juez Sebastián Casanello que Belliboni y los demás acusados sean enviados a juicio oral y público.
La fiscalía le atribuye al líder del Polo Obrero los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas y extorsión «sobre miles de personas», que debían percibir fondos correspondientes al plan social Potenciar Trabajo.
Además de Belliboni hay otras dieciséis personas procesadas por ofrecer la incorporación al plan Potenciar Trabajo, otorgados en aquel entonces por el ex Ministerio de Desarrollo Social, a cambio de concurrir a marchas y movilizaciones, bajo la amenaza expresa de dar de baja el subsidio si no lo hacían.
La fiscalía determinó que en este caso existió una “compleja matriz delictiva” que durante años se “aprovechó de las necesidades de un amplio sector social de carácter vulnerable de nuestro país, lo que les permitió ejercer ilegítimamente poder sobre aquéllos con miras a manejarlos según sus designios y obtener dinero, utilizado en provecho propio y de terceros, privando a las víctimas de un mejor porvenir”.
Se determinó, a criterio de los investigadores, que existió un acuerdo delictivo entre algunos referentes del Polo Obrero, con una división de roles y alcance nacional, al menos desde junio de 2020 hasta marzo de 2024.
Esa organización, se escribió en el pedido de elevación a juicio que rechazó el Polo Obrero, estuvo destinada a “cometer múltiples delitos en perjuicio de las personas en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica y del Estado Nacional, con el fin de obtener un lucro indebido y el poder intrínseco derivado del manejo de miles de individuos”.
El jefe de esa estructura criminal, siempre según el fiscal, es Eduardo Belliboni como organizador, junto a referentes nacionales como Jeremías Cantero, Gianna Puppo y Elizabeth del Carmen Palma. Después, como miembros en el ámbito territorial de esta ciudad, se acusó a los referentes María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Vásquez.
La maniobra delictiva, dijo Pollicita, se llevó a cabo a través de un esquema de “extorsiones y amenazas coactivas con el fin de controlar y manejar —en lo que públicamente se ha denominado “gerenciamiento”— a miles de personas a lo largo y ancho del país”.
La maniobra garantizaba, remarcó Pollicita, “el poder de dirigirlas a su voluntad y sustraerles una parte del dinero que aquellos recibían del Estado como ayuda social”.
Según se pudo establecer mediante informes oficiales, en febrero de 2024 el Polo Obrero tenía bajo su tutela a más de 65 mil beneficiarios en todo el país —alcanzando su pico, en diciembre de 2022, con una nómina de 83.530 personas— y los documentos hallados en poder de los propios acusados “revelaron que a todos ellos les sustraían parte del plan, lo que les permitió obtener importantes sumas de dinero”.
Al observar todo el cuadro planteado por la fiscalía, la abogada de los integrantes del Polo Obrero, Liliana Alaniz, negó la existencia de una «matriz delictiva» de extorsión y coacción, y calificó a las acusaciones como » un compendio de afirmaciones arbitrarias carentes de todo sustento”.
Según la abogada, «el fiscal, y a su modo las querellas, construyen un relato por el cual pretenden desprenderse de la necesidad de pruebas». Alaniz considera que Pollicita analizó los elementos del caso de manera fragmentada, y que «omitió expedirse sobre gran parte de las medidas» recogidas en el expediente.»
La defensa de los dirigentes del Polo Obrero que pidieron la nulidad del requerimiento de elevación a juicio oral, se queja de que la fiscalía “consideró arbitrariamente como víctimas a todos los beneficiarios de programas sociales asociados al Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor, basándose en solo tres denuncias no ratificadas”.
La doctora Alaniz también afirma que la exigencia de movilizarse “no era impuesta por la organización», sino que se trataba de «una práctica común de las organizaciones de desocupados para reclamar mayor asistencia”. Y aseguró que el Polo Obrero “no tenía la capacidad de dar bajas a los planes”.
La defensa también afirmó que el convenio mediante el cual el Polo Obrero recibió 17 millones de pesos “se utilizó únicamente para la compra de alimentos y no para infraestructura”.
Sobre las pruebas analizadas por la fiscalía -planillas, cuadernos, documentos internos- la abogada defensora señaló que existió en la investigación una “malintencionada” interpretación de “comunicaciones y documentación».
Asimismo, afirmaron haber rendido la totalidad de los fondos recibidos. Por eso rechazaron “haber obtenido un beneficio personal y resaltan las condiciones de vida humildes de los imputados”.Y señalaron que no se causó perjuicio patrimonial al Estado, ya que las prestaciones comprometidas en los convenios se realizaron.