En un nuevo golpe a las estructuras clientelares del kirchnerismo, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, anunció la suspensión de 196 cooperativas de trabajo por irregularidades graves en su constitución y funcionamiento.
Entre ellas, 14 están vinculadas al Movimiento Evita, la organización dirigida por Emilio Pérsico, uno de los principales exponentes de los curros kirchneristas.
La medida del Gobierno de Javier Milei fundamenta en el hallazgo de que socios fundadores que integraban múltiples cooperativas simultáneamente, domicilios compartidos con organizaciones políticas y una clara desnaturalización del modelo cooperativo.
En algunos casos, dos personas llegaron a crear 14 cooperativas cada una, un esquema que sugiere un intento sistemático de desviar recursos del Estado.
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Además, el INAES ya había dado de baja 33 cooperativas investigadas en la causa «Guardapolvos«, un escándalo de presunto lavado de dinero que involucra al ex Ministerio de Desarrollo Social bajo la gestión de la kirchnerista Victoria Tolosa Paz.
En este esquema, cooperativas ligadas a movimientos sociales recibieron más de $5.000 millones para la confección de guardapolvos, pero solo entregaron la mitad del pedido mientras cobraban el 80% del dinero adjudicado.
Un entramado de corrupción
Según la resolución 3243/24 del INAES, muchas de estas cooperativas fueron creadas con la cantidad mínima de socios permitida entre 2021 y 2023, aprovechando una flexibilización normativa impulsada durante el gobierno de Alberto Fernández.
Esta situación cambió en diciembre de 2024, cuando el Gobierno de Javier Milei endureció las regulaciones para evitar abusos en la creación de cooperativas con fines dudosos.
Entre los casos más llamativos se destaca Emilce Aguirre, dirigente del Movimiento Evita en Berazategui, quien figura como fundadora de 14 cooperativas. Lo más revelador es que cuatro de estas cooperativas compartían domicilio con un local del Movimiento Evita en Avenida 14 N° 4452, mientras que otras cuatro estaban registradas en la calle 21 N° 2615, también ligada a la organización.
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Además, la documentación oficial detalla que Aguirre se presentó con ocupaciones dispares, declarando ser albañil, cocinera, comunicadora, cuidadora, estudiante y trabajadora de mantenimiento, una estrategia que refuerza las sospechas sobre la falta de actividad real de estas cooperativas.
El INAES justificó la suspensión señalando que la constitución de cooperativas con objetos sociales diversos, miembros repetidos y ubicaciones distantes resulta inviable en la práctica, lo que lleva a concluir que muchas de ellas fueron creadas con fines fraudulentos.
Las cooperativas suspendidas
Esta nueva medida no es un hecho aislado, ya que forma parte del Plan de Reordenamiento y Control impulsado por la gestión de Sandra Pettovello, que ya ha llevado a la suspensión de casi 5.000 cooperativas y 417 mutuales por falta de documentación o incumplimientos normativos.
En enero de este año, el INAES había dado de baja 7.873 cooperativas que no cumplían con las regulaciones, en un intento por desmantelar las estructuras parasitarias que se beneficiaban de los recursos del Estado sin ofrecer un servicio real a la comunidad.
Uno de los casos más graves fue la llamada Causa Guardapolvos, en la que 33 cooperativas vinculadas a movimientos kirchneristas fueron investigadas por lavado de dinero. Estas organizaciones recibieron millones de pesos del Estado, pero no cumplieron con la producción pactada.
Una auditoría reveló además que sus trabajadores, beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, eran explotados en condiciones de semi-esclavitud.
La suspensión de estas cooperativas marca un nuevo capítulo en la lucha contra el uso discrecional de los recursos públicos y refuerza la apuesta por un Estado más transparente y libre del clientelismo. El Gobierno de Javier Milei sigue firme en su cruzada contra la corrupción y el robo de fondos públicos.