En una reunión de comisión marcada por intensas discusiones y posicionamientos cruzados, el diputado nacional por la Democracia Cristiana, Juan Fernando Brügge, presentó su propio dictamen en disidencia parcial al proyecto de Régimen Penal Juvenil que obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
La iniciativa original, impulsada por el Poder Ejecutivo a través del Mensaje 46/2024 y acompañada por diversos proyectos de diputados de distintas fuerzas políticas, propone establecer un nuevo régimen para adolescentes imputables desde los 14 años. Sin embargo, Brügge optó por un enfoque más equilibrado entre responsabilidad penal y derechos humanos, apoyado en estándares internacionales y una visión progresiva de la justicia juvenil.
“Compartimos el espíritu general del proyecto, pero creemos indispensable introducir ciertos matices que garanticen un tratamiento diferenciado y proporcional según la edad del menor infractor”, fundamentó el legislador cordobés en el documento ingresado a la Sala de Comisiones este 6 de mayo.
Entre las principales modificaciones propuestas, Brügge plantea una escala penal escalonada según la edad del menor: reducción a la mitad de la pena para menores de 14 años, y la reducción de un tercio del mínimo y máximo de la escala penal para los de 15, y aplicación plena —aunque con límite máximo de 15 años— para los menores de 16 y 17 años de edad . “Esta diferenciación se basa en la madurez emocional, la incidencia estadística en la criminalidad y el principio constitucional de igualdad ante la ley en igualdad de circunstancias”, argumentó.
El diputado también propuso reformar el artículo 52 para garantizar la asignación presupuestaria del régimen con un criterio federal, atendiendo a la población de cada jurisdicción. En este punto, advirtió que sin una correcta redistribución de fondos, las provincias no podrán implementar eficazmente las políticas de protección y reinserción previstas.
“La Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional, exige que el Estado argentino asigne los máximos recursos disponibles para garantizar derechos. No podemos sancionar una ley que no venga acompañada de los recursos necesarios”, enfatizó, citando además observaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas sobre el rol clave del presupuesto público en la garantía efectiva de estos derechos.
Otra de las novedades de su dictamen es la propuesta de modificar el artículo 51 del Código Penal para reducir los plazos de permanencia de los antecedentes penales de los adolescentes y así facilitar su reinserción laboral y social. “No puede haber rehabilitación sin olvido. Necesitamos una justicia que dé una verdadera segunda oportunidad”, dijo.
El modelo propuesto por Brügge se inspira en experiencias internacionales, como el sistema alemán de justicia juvenil, que combina sanciones progresivas con medidas educativas y contempla la madurez del menor al momento del delito.
De esta manera, el diputado democratacristiano se desmarca parcialmente del dictamen de mayoría, reafirmando su compromiso con una justicia juvenil restaurativa, orientada a la responsabilidad progresiva, la igualdad ante la ley y la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Ahora será el plenario de la Cámara quien defina si incorpora estas propuestas en el tratamiento de un régimen largamente postergado y socialmente sensible.