Julieta Makintach, hasta hace poco una figura ascendente del Poder Judicial argentino, se convirtió en la inesperada protagonista de un escándalo institucional que no solo derrumbó el juicio que investiga la muerte de Diego Maradona, sino que también sacudió los cimientos de su carrera judicial y académica.
La jueza tenía todo pensado. Acceder a ese triunvirato que decidiría la suerte de los siete acusados de “homicidio simple con dolo eventual” por la muerte del ídolo, para llegar a lo que deseaba realmente: la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que desde hace tiempo está incompleta, y por la cual ella viene haciendo lobby para ubicarse en los estratos más altos de poder. Hasta ya tenía la resolución que la catapultaría al bronce: “A Maradona lo mataron”, y por la que nadie discutiría. El ídolo había sido vengado.
La historia para los medios comenzó a mediados de marzo de este año, cuando Makintach asumió el puesto de magistrada en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Isidro, encargado de juzgar la verdad por la que pelean, de un lado, los hijos y familiares de Diego Maradona y, del otro, el último entorno del «Diez», nutrido de abogados, amigos y profesionales de la salud.
La sorpresa estalló el 24 de mayo, cuando ya con 11 audiencias realizadas, declaraciones testimoniales de 44 personas, decenas de pruebas y hasta la detención injustificada del custodio de Diego, comenzó a circular un teaser (instancia previa al tráiler y que sirve para salir a vender una película al mercado de distribuidores cinematográficos) de una potencial serie documental sobre el juicio en curso, titulado “Justicia Divina”, en el que la propia jueza Makintach aparece como protagonista. En las imágenes, se mostraba hablando a cámara, recorriendo su despacho y reflexionando sobre el rol de la Justicia. La voz en off, las entrevistas, el montaje profesional y la edición cinematográfica convirtieron el video en un puñal que hería de muerte la seriedad de la Justicia provincial. Incluso más bochornoso, todo el documental estaba a priori escrito, pregrabado y, por ello, en cada intervención pública, la jueza habría seguido el guion pautado.
Creativo. Uno de los cerebros del proyecto es Juan Manuel “Chavo” D’Emilio, experimentado guionista y productor, en dupla con «la Negra» Vidal, amiga íntima de Makintach. Ambos imaginaron una docuserie atrapante, con testimonios y dramatizaciones que tuviese el plus que ninguna otra productora hubiese podido tener, el detrás de escena en tiempo real, acceder a lugares privados -algo que solo se podía hacer con la anuencia de la jueza- y el material crudo en vivo, que, una vez finalizado el juicio, se hubiese perdido. El negocio era redondo, la jueza Makintach multiplicaría su fama, y el producto se vendería en millones de dólares. Un allegado a la productora FeelCo, propiedad de D’Emilio, aseguró a NOTICIAS que se mantuvieron reuniones con Paramount (Telefe) y Prime Video, pero que ambas plataformas desistieron por el elevado valor de la propuesta, que habría sido de 25 millones de dólares. Contactada una importante ejecutiva de cuentas de McCann Argentina, empresa que el mismo «Chavo» presidió hasta 2021, reconoce: “D’Emilio es un gran referente de la industria y un profesional muy prestigioso. Es sorprendente que con su experiencia y talento haya realizado un documental de tan bajo nivel y hasta en cierto punto ilegal”. En su agenda quedaron reuniones con productoras satélites de Netflix, que quedaron truncas tras la mediatización del caso.
Mal paso. Esta apuesta al estrellato terminó transformándose en una pesadilla judicial para Makintach, al confirmarse que ella misma había autorizado las grabaciones dentro de su despacho y en los pasillos del tribunal, sin contar con aval oficial ni conocimiento de sus colegas. Según se conoció luego, el camarógrafo Jorge Huarte y otras personas del equipo ingresaron al tribunal utilizando credenciales falsas como supuestos estudiantes de comunicación o empleados judiciales. Por el trabajo de producción, la jueza habría pagado un total de 5,5 millones de pesos, entre camarógrafos, iluminadores, sonidistas y editores. Un documento que trascendió fue un archivo Excel con todos los nombres de los proveedores, todos trabajadores del cine de poco renombre y escasa trayectoria en el rubro.
El escándalo terminó de explotar cuando los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, miembros del mismo tribunal, denunciaron formalmente la situación ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, presentando imágenes, correos electrónicos y testimonios que vinculaban a Makintach directamente con la producción del documental. Y la respuesta institucional fue fulminante, la suspendieron por 90 días, cobrando el 40 por ciento de su sueldo. En paralelo, la Universidad Austral, donde Makintach se desempeñaba como profesora de Derecho Penal, también la apartó de su cargo: “Los valores éticos que promovemos nos obligan a actuar con firmeza”, dijeron desde la institución académica.
Reacción inmediata. Como pocas veces en casos tan mediáticos, la Justicia ordenó, a través del fiscal Jorge Ferrari, seis allanamientos simultáneos en las productoras La Doble y FeelCo, de manera confidencial e inesperada. El saldo arrojó aún más pruebas. Discos rígidos con videos inéditos de la jueza hablando sobre el juicio, guiones, contratos y registros contables. Entre los papeles incautados figuraban pagos en dólares, el alquiler de una sala de edición en Palermo Soho y gastos por catering, vestuario, maquillaje y logística. Lo que sigue será una auditoría para saber si ese dinero salió de fondos públicos o privados, lo cual es fundamental para la decisión institucional sobre Makintach.
“Lo que sucedió con la jueza es una vergüenza de magnitud internacional y por eso quieren que la consecuencia sea ejemplar”, reconoce un importante juez de San Isidro a NOTICIAS al ser consultado por el futuro de la magistrada. “La quieren presa y quieren utilizar la figura de tráfico de influencias para lograrlo. No es fácil, pero ya pasó con el juez de Cámara Martín Ordoqui, de La Plata, que terminó preso en el marco de la causa César Melazo”.
En apenas días, Makintach pasó de ser considerada una jueza con perspectiva de género y formación internacional, a ser la protagonista de un escándalo que sigue maltratando la figura de Maradona. En las últimas horas, la Corte dio por nulo el juicio y todo volvió a foja cero sin saber cuándo se comenzará nuevamente ni con qué jueces. Una mancha más a la venda de la Justicia argentina que en su balanza, en lugar de imparcialidad, equilibra actos de corrupción, negligencia e inoperancia.