La pronunciada caída en las transferencias durante marzo, abril y mayo impactó gravemente en las municipalidades, que se vieron obligadas a reorientar sus presupuestos, suspender proyectos de infraestructura. En un contexto de emergencia climática y recesión económica, los intendentes apelan a la solidaridad social y al respaldo provincial, mientras demandan mayor atención por parte del Estado nacional ante una crisis que golpea con más fuerza en el interior del país.
04-POLITICA
Durante los últimos tres meses, numerosos municipios de Corrientes experimentaron una profunda caída en los recursos provenientes de la coparticipación nacional y provincial. El fenómeno afecta directamente a la gestión diaria, los pagos de salarios y la continuidad de la obra pública, generando un escenario de creciente preocupación entre los intendentes locales.
Esta situación se agrava en el contexto de una emergencia climática que golpeó a gran parte de la provincia, intensificando la demanda de recursos y asistencia desde el Estado municipal. En palabras del intendente de San Roque, Raúl Hadad, «ya no podemos solos», al tiempo que apeló «al trabajo en conjunto y a la solidaridad de toda la sociedad».
El desplome de los fondos se vincula, entre otros factores, con la baja recaudación del IVA y otros tributos nacionales, reflejo de una recesión económica que, según los intendentes, no siempre es reconocida en los discursos públicos a nivel nacional.
Norberto Villordo, intendente de Santa Lucía, detalló que «en marzo tuvimos una caída del 30 por ciento, en abril fue peor: rondó entre el 46 y el 47 por ciento. Y este mes de mayo apenas estamos recuperando un poco», subrayando el impacto profundo en las finanzas municipales.
El intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid agregó que «la coparticipación ha bajado entre un 30 y un 40 por ciento en los últimos meses», lo que lo obligó a frenar obras y priorizar el pago de salarios.
IMPACTO DIRECTO
EN LA GESTIÓN MUNICIPAL
La disminución en los fondos coparticipables está obligando a los intendentes a redefinir prioridades. Los primeros ajustes se aplican a la obra pública y al gasto operativo, a fin de asegurar el pago de sueldos y aguinaldos del personal municipal.
En San Roque, Hadad explicó que el programa municipal Lotes, -destinado originalmente a generar recursos para obras de infraestructura mediante la venta de terrenos fiscales- tuvo que ser reorientado para «ayudar a completar el pago de sueldos, aguinaldos y otras obligaciones que tenemos con los proveedores del Estado».
En Santa Lucía, Villordo sostuvo que se han visto obligados a «suspender algunas obras públicas que hacíamos con recursos propios» y a «ajustar muy bien el presupuesto para no generar un desfasaje financiero».
Santo Tomé también experimentó consecuencias similares. Según Suaid, «teníamos casi ocho frentes abiertos y hemos tenido que disminuir el ritmo, porque los recursos han bajado considerablemente». En ese marco, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial, que brindó ayuda en momentos críticos.
La adecuación de presupuestos que fueron aprobados en 2023, sin prever esta crisis, se convirtió en un desafío común a todas las gestiones locales. En palabras de Villordo, «tenemos un presupuesto aprobado en octubre del año pasado, y todo esto complejiza la situación».
REPERCUSIONES SOCIALES
Y RESPUESTA COMUNITARIA
La crisis de financiamiento no solo afecta el funcionamiento administrativo, sino que tiene efectos directos sobre la calidad de vida de los vecinos. La parálisis de obras implica la postergación de mejoras en infraestructura básica y genera un freno en la dinamización de las economías locales.
Ante este panorama, los intendentes apelan a la colaboración social. Hadad enfatizó en que «siempre tratamos de que el Estado, en las situaciones de emergencia, esté presente para resolver -sobre todo- en los momentos críticos», pero reconoció que la capacidad de respuesta se ha visto comprometida.
«Con la baja recaudación, con la baja de la coparticipación por distintos factores, ya sea por el IVA y otros impuestos nacionales, se nos complica muchísimo», añadió, reafirmando la necesidad de sumar esfuerzos de la comunidad.
La población, por su parte, sufre el impacto de una economía desacelerada, con menor empleo informal y una contracción del consumo. Todo esto retroalimenta la baja en la recaudación de tributos que nutren la coparticipación.
Desde los municipios, se busca mantener la asistencia social mínima en momentos de emergencia, pero se admite que no están dadas las condiciones para sostener políticas expansivas.
Reclamos del Interior
La caída de la coparticipación es un fenómeno que, según los intendentes, aún no ha sido abordado con la profundidad necesaria desde el Gobierno nacional. Mientras algunos hablan de recuperación hacia fin de mayo, otros sostienen que el repunte es mínimo y no alcanza a revertir la crisis acumulada.
Villordo fue tajante: «Esta recesión que, por ahí, nadie quiere decir en los canales de televisión ni en la radio, pero nosotros, los intendentes del Interior, la vivimos en primera línea».
En ese sentido, los mandatarios locales reclaman mayor atención a las realidades del Interior profundo, donde los recursos son limitados y las necesidades básicas dependen casi exclusivamente de la acción estatal.
Si bien hubo señales de mejora en los últimos días de mayo, Hadad y Villordo remarcaron que la situación general sigue siendo crítica: el alivio es parcial y la incertidumbre predomina en las decisiones futuras.
En ese sentido, los mandatarios remarcaron que la capacidad de mantener servicios esenciales, reactivar obras y cumplir con obligaciones financieras dependerá, en gran medida, de que los recursos coparticipables vuelvan a niveles normales en los próximos meses.
Pago de sueldos
y aguinaldos
Uno de los mayores retos que enfrentan los intendentes es el cumplimiento de los compromisos salariales, especialmente ante la proximidad del pago del medio aguinaldo en junio.
Hadad reconoció que los ingresos por la venta de terrenos pasarán a destinarse, en parte, a cubrir sueldos y aguinaldos. «La plata que podamos ingresar va a ser para ayudar a completar el pago de sueldos», afirmó.
Villordo alertó que «marzo, abril y mayo juntos representan una pérdida equivalente a un mes completo de coparticipación», y describió esa merma como un agujero fiscal difícil de compensar.
Los intendentes coinciden en que esta coyuntura obliga a posponer inversiones estructurales y a depender, cada vez más, de decisiones estratégicas en la gestión del presupuesto diario.
En Santo Tomé, Suaid reiteró que «tenemos la responsabilidad de gobernar, de pagar sueldos, de asistir a las familias», destacando la importancia de una administración cuidadosa en tiempos de escasez.