La Justicia ordenó indemnizar a los hermanos de un menor muerto en un accidente

El Poder Judicial de Corrientes informó que ordenó la reparación ampliada a los hermanos de un menor que murió en un accidente en julio de 2006.

​La jueza de la Cámara, Dra. Rosana Magán, ordenó la indemnización por daño moral y demostró que la mayoría de edad adquirida durante el proceso no implica la renuncia a los derechos indemnizatorios.

​La sentencia fue dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Corrientes, integrada por las juezas doctoras Rosana E. Magán y Luz Gabriela Masferrer.

​Los hechos

​​​​​​​​El caso se remonta a julio de 2006, cuando una familia esperaba el colectivo sobre Ruta Provincial N° 5, en inmediaciones de la rotonda de la Virgen de Itatí, momento en que una camioneta Toyota Hilux se desvió de su carril e impactó contra ellos.

​​​​​​​​El hecho provocó la muerte de un niño de 11 años y graves lesiones en su madre y una de sus hermanas.

​​​​​​​​La demanda fue iniciada por los padres, en representación propia y de sus hijos, derivando en una condena civil por daño emergente y daño moral. La Cámara amplió el resarcimiento a los hermanos del menor muerto, que fueron excluidos en primera instancia.

​​​​​​​​La mayoría de edad no anula derechos ya constituidas

​​​​​​​​La jueza de Cámara, Dra. Rosana Magán, sostuvo que el hecho de que los hermanos del menor muerto no hayan camparecido en su momento, pues fueron representados por sus padres, no implica una renuncia implícita a sus derechos.

​​​​​​​​La letrada fundamentó: “Ningún cercenamiento a sus derechos fondales e indemnizatorios puede acarrear la circunstancia de que una vez adquirida la mayoría de edad no hayan comparado por sí mismos al proceso (…) ya que esa consecuencia no está prevista normativamente”.

​​​​​​​​Es así que se hizo lugar a la indemnización por daño moral también a favor de los hermanos del menor muerto, por considerar que existía un vínculo familiar estrecho con la víctima y que resultaban legitimados conforme a la normativa nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

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