Este viernes la jueza federal Sandra Arroyo Salgado le otorgó la prisión domiciliaria, con tobillera electrónica, a Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, detenida e imputada por participar de una manifestación frente al domicilio del diputado ultraderechista José Luis Espert, que incluyó el arrojo de excremento y un pasacalle de repudio político.
El arresto domiciliario quedó supeditado a que la defensa informe el lugar donde Abaigar cumplirá la detención.
Esta decisión judicial, aunque posibilita a Abigail mejorar la condición de detención y no estar en el penal de Ezeiza como hasta ahora, lejos de ser un gesto de reparación, confirma la decisión escandalosa de mantenerla detenida (ya que es un beneficio que puede ser revocado rápidamente), cuando debería ser liberada inmediatamente. Sostiene una escalada represiva que apunta a criminalizar la protesta social y silenciar voces disidentes.
La detención de Abaigar —anunciada con bombos y platillos por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich— se produjo el miércoles 25 de junio en la zona norte del conurbano bonaerense, tras una serie de allanamientos masivos ordenados por el juzgado federal. En la causa, se la acusa de haber participado en la organización y ejecución del acto junto a otras personas, en lo que desde distintos sectores se denuncia como una persecución política sin precedentes.
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La avanzada represiva no se detuvo ahí: la jueza Arroyo Salgado ordenó allanamientos en domicilios particulares y en el propio municipio de Quilmes, y mantuvo incomunicada por varias horas a Eva Mieri, presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria y secretaria general del PJ local. También fue detenida otra militante de ese espacio, aparentemente solo por «averiguación de antecedentes» vinculada al mismo caso.
La jueza Arroyo Salgado, quien participó recientemente en la celebración del 4 de julio en la Embajada de Estados Unidos, aparece como una pieza clave en este nuevo intento de disciplinamiento político, a través de la judicialización de la protesta y la persecución de dirigentes y militantes opositores. La complicidad del Poder Judicial con Patricia Bullrich y el gobierno de Milei en la avanzada antidemocrática y represiva se hace cada vez más ofensiva. Desde el inconstitucional “Protocolo antipiquetes”, las causas por las víctimas de las represiones en Congreso como Matías Aufieri y Pablo Grillo, y los jubilados, los jueces miran para otro lado, y ahora, directamente siguen órdenes de encarcelar a quien proteste por un diputado nacional tan violento como Espert.
Como señaló Myriam Bregman al ser entrevistada por Julia Mengolini, mientras la detención de Abaigar y sus compañeras se hace de forma totalmente ilegal, cuando el diputado Espert amenazó con “Cárcel o bala” a ella y a Nicolás del Caño, y a todos los que hagan una protesta social, para el fiscal se trata de “libertad de expresión”. No más preguntas.
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El Centro de Profesionales de Derechos Humanos y referentes del Frente de Izquierda denunciaron públicamente esta escalada reaccionaria, que atenta directamente contra los derechos políticos y las libertades democráticas. Exigieron la liberación inmediata de las detenidas y convocaron a una movilización unitaria para frenar el avance represivo.
Mientras tanto, en el Congreso Nacional se realizó una conferencia de prensa en repudio a las detenciones, impulsada por diputados como Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca, junto a familiares, abogados y organismos de derechos humanos. Allí denunciaron que, con el aval de la Justicia Federal y el impulso de Espert y Bullrich, se profundiza la persecución política bajo una fachada de legalidad, violando principios básicos del Estado de derecho.
Lo que hay detrás es el miedo del gobierno por el creciente rechazo de amplios sectores de la población a las políticas que vienen implementando, y buscan amedrentar con represión, que termina generando lo contrario: más organización. Bregman interpeló en esa misma entrevista: «¿Qué le decimos a todos los que piensan que no se aguanta más? ¿nos vemos en las urnas?” Por eso, la persecución política desatada por el gobierno y el Poder Judicial solo se puede frenar con la más amplia movilización, para derrotar la proscripción a CFK y el plan “neolibertador” de Milei.