El Gobierno nacional anunció el llamado a licitaciones nacionales e internacionales para desarrollar tres obras estratégicas de infraestructura eléctrica, en el marco del Plan de Contingencia para Meses Críticos 2024–2026. La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, lo oficializó a través de la Resolución 311/2025 que avanza con la ejecución del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico,
Las licitaciones estarán abiertas a empresas con capacidad técnica y financiera, y se realizarán bajo un nuevo esquema que transfiere toda la inversión y gestión al sector privado.
La iniciativa, liderada por la Secretaría de Energía, busca modernizar el sistema eléctrico argentino, reducir cuellos de botella y garantizar el suministro en regiones críticas como el AMBA, Cuyo y la Patagonia.
Las obras seleccionadas son:
AMBA I: que optimizará el abastecimiento eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires, responsable del 40% del consumo nacional.
La línea de 500 kV Río Diamante – Charlone – O’Higgins: fundamental para evacuar nueva generación renovable y convencional desde la región de Cuyo y parte del COMAHUE.
La línea 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca: reforzará la interconexión entre la Patagonia y el sistema troncal nacional.
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Estas infraestructuras forman parte de un conjunto de 16 proyectos prioritarios definidos por la Resolución 715/2025, que identificó zonas con crecimiento de demanda energética no acompañado por obras. La planificación fue respaldada por estudios técnicos de la Secretaría de Energía, en conjunto con CAMMESA, ATEERA y el Consejo Federal de la Energía Eléctrica, entre otros actores del sector.
Cambios en las formas de licitación
A diferencia de modelos anteriores, este nuevo esquema de licitación se implementará bajo un régimen de concesión de obra, en el que la inversión, construcción, operación y mantenimiento serán responsabilidad exclusiva del sector privado, sin erogaciones estatales. Esta modalidad busca agilizar la ejecución, asegurar estándares de calidad y aliviar el presupuesto público.
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Con esta política, el Gobierno apuesta a una transformación estructural del sistema energético argentino, basada en eficiencia, reducción del gasto público y mayor protagonismo del sector privado. La Secretaría de Energía determinará el momento y la secuencia de los llamados a licitación, en un proceso que promete generar oportunidades de inversión, empleo y desarrollo federal.
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