Pablo Cortese renunció al Senasa en medio de la interna por la importación de vacunas

La salida de Pablo Cortese de la presidencia del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) se concretó este lunes en medio de un clima de alta tensión dentro del organismo. La decisión se produjo tras semanas de conflicto interno y una fuerte puja entre laboratorios por la importación de vacunas contra la fiebre aftosa. El detonante fue la flexibilización del ingreso de productos veterinarios del exterior, una medida impulsada por el oficialismo en nombre de la competencia y la desregulación, que generó resistencias internas y denuncias cruzadas.

Cortese contaba con una trayectoria de 33 años en el Senasa, adonde ingresó en 1992 como monitoreador de frutas cítricas. Había asumido como máxima autoridad del ente sanitario tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia, con aval de los sectores técnicos del agro. Según fuentes cercanas al funcionario, su salida respondió al desgaste provocado por la presión política y la puja empresarial que se desató con la implementación de la Resolución 333/2025.

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En el centro del conflicto estuvo la autorización del ingreso de 8300 dosis de la vacuna “Ourovac aftosa Biv”, producida en Brasil por el laboratorio Ourofino e importada por Tecnovax SA. Esta vacuna había sido objetada por no cumplir con los estándares técnicos exigidos por la normativa argentina, especialmente en lo que refiere a estabilidad térmica, pero finalmente fue habilitada por la vía de excepción, amparada en la desregulación que buscaba acelerar aprobaciones en nombre de la “libertad de mercado”.

La controversia escaló a mediados de julio cuando el laboratorio argentino Biogénesis Bagó, uno de los históricos productores nacionales, envió una carta documento a Cortese y solicitó explicaciones al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. Denunciaban falta de transparencia y alertaban sobre el posible ingreso de vacunas que no cumplían con los requisitos de eficacia.

“El conflicto se tornó insostenible. Cortese es un técnico, no un político”, aseguraron las fuentes consultadas al medio LA NACIÓN. Su renuncia deja al Gobierno ante una nueva baja estratégica, justo cuando intenta avanzar en una desregulación sanitaria que pone en tensión la calidad técnica, los tiempos de aprobación y la soberanía sanitaria.

El trasfondo de la disputa: vacunas, Brasil y ¿un negocio millonario?

La raíz del conflicto que precipitó la salida de Pablo Cortese está en la Resolución 333/2025, que habilitó la aprobación por equivalencia de productos veterinarios ya registrados en países con marcos regulatorios reconocidos. El objetivo oficial era acortar los plazos de ingreso -de hasta dos años a 90 días- y fomentar la competencia, en línea con el ideario libertario de desregulación total del mercado.

En un primer momento, Brasil no figuraba en la lista de países habilitados, lo que generó críticas y sospechas. Sin embargo, tras la modificación de la normativa mediante la Resolución 338/2025, se incorporó a los socios del Mercosur. Esto abrió la puerta al ingreso de la vacuna Ourovac, pese a que un informe técnico del propio Senasa había advertido en febrero que el producto no cumplía con los requisitos mínimos de estabilidad: a 37 °C, la emulsión se rompía completamente, lo que invalidaba el lote.

El lote cuestionado, que fue importado por Tecnovax con fines no comerciales, provenía de un remanente con vencimiento en agosto de 2025. El ingreso fue gestionado de forma acelerada, en un negocio de corto plazo que encendió las alarmas en los sectores técnicos del Senasa y provocó fricciones internas. Cortese, al frente del organismo, quedó atrapado entre las exigencias del Gobierno de abrir el mercado y la resistencia técnica a aprobar un producto sin los controles suficientes.

La presión de los laboratorios, el ruido mediático y las internas en la cúpula del organismo sanitario desembocaron finalmente en su renuncia. El conflicto por las vacunas no solo expuso las tensiones en la aplicación del dogma libertario, sino que también reabrió el debate sobre la necesidad de un control estatal riguroso en la importación de medicamentos veterinarios en un país con vasto territorio ganadero.

GD/EM

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