El exsecretario judicial de Corrientes Pablo Carlos Molina, acusado de intervenir el teléfono de su esposa y de un supuesto amante al creer que ello lo engañaba, fue condenado a cuatro años de prisión. Se trata de la segunda sentencia en contra del exfuncionario, que ya había sido encontrado culpable en otra causa junto al exjuez Carlos Soto Dávila por beneficiar a narcos que operaban en la localidad de Itatí.
Molina, de 54 años, había sido denunciado por supuestamente librar un oficio sin la correspondiente resolución judicial para ordenar escuchas en el celular de su mujer y un amigo de ella, con el que pensaba que tenía una relación extramatrimonial. Además de los cuatro años de cárcel por «abuso de autoridad» y «falsedad ideológica en concurso real», el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes le estableció una inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por ocho años.
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El extitular de la Secretaría Penal N°2 del Juzgado Federal N°1 de Corrientes fue acusado por el hecho, ocurrido el 11 de septiembre de 2014, cuando al parecer «le hizo saber falsamente a la Dirección de Observaciones Judiciales de Zona Corrientes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que se había dispuesto la intervención telefónica por el término de 30 días corridos de dos abonados, que presuntamente estaban vinculados a una investigación por narcotráfico en curso”.
Sin embargo, el fiscal general de Corrientes, Carlos Schaefer, y el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Martín Uriona, explicaron que luego «se determinó que esas líneas eran las utilizadas por la esposa del secretario y por un allegado a ella con el que el imputado sospechaba que tenía una relación».
Por otro lado, se conoció que ese mismo año, semanas antes de que sucediera la solicitud de intervención, el exsecretario había sido denunciado por su esposa por «amenazas y lesiones».
El oficio que había librado para tal medida llevaba la firma del por el entonces juez federal Soto Dávila, de acuerdo a la acusación planteada durante el debate oral. En la última audiencia, Molina prefirió mantener el silencio mientras sus abogados ponían en duda que la firma estampada en ese documento le perteneciera.
En tanto, cuando se conoció el fallo de los jueces Manuel Moreira, Fabian Cardozo y Jorge Gallino, optó por seguir callado y mostrar su desaprobación al hacer gestos de negación con la cabeza, manteniendo la vista en el piso.
Cómo se descubrieron las escuchas
El escándalo por las escuchas se conoció en 2019, cuando Molina fue relevado de su cargo por beneficiar, junto a Soto Dávila, a una organización narco. En el momento en el que los empleados judiciales relevaron distintos elementos que quedaron en la oficina que utilizaba, descubrieron 28 discos compactos con escuchas ilegales, que se habían realizado entre el 18 de septiembre y el 1° de octubre de 2014.
Ese año, su exesposa se hallaba en Chaco y lo había denunciado el 27 de agosto. Dos semanas después surgió el oficio pidiendo que se hicieran escuchas a la mujer y a un amigo de su infancia. En el documento se argumentó que esos teléfonos eran de sospechosos de integrar una organización narcocriminal investigada por Gendarmería Nacional desde 2013.
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Pero un gendarme señaló que, en ese expediente, se había dispuesto el cese de la investigación luego de que se detuviera a los acusados, y que las líneas intervenidas hasta entonces eran de Paraguay, Provincia de Buenos Aires y Mendoza, pero no de Chaco. Otro agente declaró que Molina ordenó que esas intervenciones y los CDs debían ser «remitidos a su oficina sin abrirlos” porque iban a ser “analizados”.
En su alegato, el fiscal Schaefer sostuvo que Molina “utilizó a las instituciones del Estado para su fin espurio, ilegal y violento” y que “se sirvió de las escuchas» para saber qué decía su esposa y así atacarla. El funcionario judicial había pedido que fuera condenado a cinco años de prisión, pero finalmente los magistrados resolvieron darle la inhabilitación y un año menos tras la deliberación.
Por el caso de beneficiar a bandas narco de Itatí, Molina ya había sido condenado a cinco años de prisión. Próximamente deberá comparecer de nuevo ante la Justicia por otra causa en la que está acusado de la entrega irregular de varios vehículos, entre los que se encuentran un Volkswagen Bora, una camioneta Volkswagen Amarok, y dos Toyota Hilux, por un caso de lavado de activos.
FP