Investigadas por lavado, las acciones de Máximo Kirchner mostraron incremento en su valor

Los hoteles y la inmobiliaria de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner fueron el epicentro de operaciones de lavado de activos, al menos según lo determinaron 16 funcionarios judiciales (entre jueces y fiscales de diversas instancias) en el requerimiento de elevación a juicio oral del caso Hotesur-Los Sauces.

En el mismo, se sostiene que ambas compañías (hotelera e inmobiliaria, respectivamente), no tenían como finalidad poseer un giro comercial real, sino ser “una pantalla” para maniobras de blanqueo. Sin embargo, el valor de sus acciones expusieron un importante incremento según la declaración jurada del diputado nacional.

Hotesur S. A., dueña del hotel Alto Calafate y Los Sauces S. A., tuvieron un común denominador: a Lázaro Báez. Inquilino, administrador, responsable de construir inmuebles, cumplió todos esos roles que posibilitaron que -mes a mes-, garantice un flujo de fondos millonarios a la familia Kirchner.

La sentencia condenatoria del caso Vialidad expuso este circuito que funcionaba de la siguiente manera: Báez cobraba irregularmente montos millonarios del Estado nacional, no sólo en concepto de lo que se consignaba en los pliegos licitatorios, sino también a través de las diversas modificaciones de plazos y montos que fueron definidos como sobrecostos por los fiscales del juicio.

Ese dinero, explicó la Justicia, se “destinaba a operaciones privadas con la ex Presidenta de la Nación, quien permitió y facilitó la erogación de ese dinero guiada por un claro interés personal”.

Según la argumentación judicial, Cristina Kirchner proveía “el beneficio económico de las empresas del Grupo Báez, que eran contratadas para ejecutar las obras públicas viales”. “O lo que es igual, de las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex Presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.

El destino final de ese dinero, era “en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta». La referencia es hacia Hotesur -la firma dueña del hotel Alto Calafate- y Los Sauces S. A., la inmobiliaria.

El expediente que se concentra en las empresas familiares, investigó una maniobra de lavado de activos en la que, según sostiene la acusación, tanto la inmobiliaria como la firma hotelera nunca tuvieron un giro comercial genuino sino que se utilizaron como “pantallas societarias”, para el reciclado de una porción de los fondos que Lázaro Báez obtenía a través de la obra pública vial, y bajo este esquema a modo de retorno, regresaba al patrimonio de la familia Kirchner.

Pese a ese patrón reiterado a lo largo de los años, es decir, no obtuvieron ganancias la valuación de sus acciones según la última declaración jurada de Máximo Kirchner, ante la Oficina Anticorrupción (OA) expuso un importante crecimiento del valor de la sanciones de ambas compañías.

Tanto Los Sauces como Hotesur se encuentran con una veeduría de la ARCA por orden judicial. Asimismo, rige sobre las firmas una inhibición general de bienes.

En el caso de Los Sauces, la inmobiliaria que sólo contaba con un empleado que era el jardinero de la residencia en El Calafate de Cristina Kirchner, y que nunca tuvo sede comercial, Máximo Kirchner posee el 55% del paquete accionario. El valor restante pertenece a Florencia Kirchner.

Declaró por las acciones de las cuales es titular, un valor de 1.507.421.976,50 pesos.

En relación con el período fiscal anterior, se observa una reevaluación de poco más del doble. En la declaración jurada correspondiente al cierre de diciembre de 2023 las acciones valían $ 719.847.540,50.

La otra firma es Hotesur S. A., dueña del hotel Alto Calafate, y la más importante en términos comerciales. El hijo de Cristina Kirchner es dueño del 50% de las acciones, valuadas en 1.086.116.594,00 pesos.

En este caso el salto es superior al observado en la inmobiliaria. En el período fiscal anterior las acciones valían $ 405.366.129,56.

Máximo Kirchner declaró bienes por 8.311.567.011, 23 pesos. En el período fiscal anterior había consignado 4.719 millones de pesos. El incremento corresponde a la revaluación de propiedades, 27 en total, y al aumento del dólar.

Pericias en marcha

Las dos empresas de las que Máximo Kirchner es dueño junto a su hermana, están siendo peritadas por el cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema.

La medida se impulsó de cara al juicio oral y por explícito pedido de Cristina y Máximo Kirchner.

Como dio a conocer Clarín, los informes parciales confirman las sospechas de la pesquisa: las compañías no tienen giro comercial real, los libros contables incompletos, exponen Inconsistencias en los números, el principal flujo de dinero facturado fue gracias a Lázaro Báez utilizando sus empresas constructoras.

Las sospechas

La acusación en estas causas por lavado de dinero, vincula a Lázaro Báez como una pieza necesaria para «devolver» a los ex presidentes al menos parte del dinero proveniente de los sobreprecios en las obras públicas que sus empresas ganaban en licitaciones cuestionadas en otro expediente -Vialidad-.

Cristina y Máximo Kirchner se encuentran procesados por asociación ilícita y lavado de dinero, mientras que una acusación menor le fue otorgada a Florencia Kirchner durante la instrucción de ambas causas: sólo como partícipe de las maniobras investigadas.

En 2023 la Cámara de Casación sobreseyó a la joven y la Corte Suprema de Justicia convalidó dicho criterio cuando ordenó que se realice el juicio.

A la vicepresidenta le atribuyeron además el delito de dádivas, por tratarse de un intercambio cuestionable entre un funcionario y un empresario contratista del Estado, con quien mantuvo más de veinte operaciones comerciales durante el período investigado.

Entre los imputados que comparten ambas investigaciones, ademas de Báez, se encuentran Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares y Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner). El empresario Cristóbal López está acusado y enviado a juicio únicamente en el expedientes de Los Sauces, ya que era el inquilino que mayores ingresos garantizó al a firma de los Kirchner.

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