(Corresponalía Bueno sAires) – Los programas sociales, fundamentales para combatir la pobreza y la indigencia en Argentina, experimentaron un ajuste drástico durante el primer año de la gestión de Javier Milei. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), estas políticas tuvieron un recorte real del 45,6%, impactando de forma directa a los sectores más vulnerables en un contexto en el que la pobreza alcanzó el 52,9% y la indigencia se duplicó al 18,1% en el primer semestre de 2024.
La Tarjeta Alimentar, diseñada para garantizar la canasta básica de niños y adolescentes, perdió un 14,3% de su poder adquisitivo en términos reales, a pesar de haber ampliado su cobertura. En contraste, la Asignación Universal por Hijo (AUH), que beneficia a cuatro millones de niños, aumentó su capacidad de compra en un 43%, lo que fue destacado como un logro por el Gobierno. Sin embargo, el centro de estudios Fundar señaló que este incremento fue insuficiente para compensar la caída general de los ingresos populares, tanto laborales como no laborales.
Uno de los más golpeados fue el programa Volver al Trabajo (antes Potenciar Trabajo), cuyo monto quedó congelado en $78.000 mensuales desde la asunción de Milei, perdiendo un 53% de su valor en términos reales. Las becas Progresar registraron una caída aún mayor, del 64,2%, mientras que los fondos destinados a la atención médica de beneficiarios de pensiones no contributivas disminuyeron un 12,4%.
Por otro lado, algunas partidas mostraron incrementos significativos: el seguro de desempleo creció un 81,2% y el programa 1000 días, destinado a la atención de la salud de embarazadas y niños pequeños, aumentó un 182% en términos reales, marcando una excepción dentro del contexto de ajuste.
Un ajuste con consecuencias sociales
El recorte en los programas sociales se posicionó como el tercer factor más relevante para la histórica reducción del gasto público, uno de los objetivos centrales de la administración Milei. Las jubilaciones y pensiones encabezaron el ajuste, con una caída real del 17,5% interanual, según la OPC. Aunque los haberes jubilatorios superiores al mínimo crecieron un 12,4% en términos reales, los ingresos más bajos cayeron un 5,6% debido al congelamiento de bonos desde marzo.
Manuel Adorni, vocero presidencial, defendió las medidas, argumentando que la desaceleración inflacionaria, que cerró en un 2,4% en noviembre, es “la herramienta más efectiva para reducir la pobreza”. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano evitó dar detalles sobre los planes para 2025, cuando no se contará con un presupuesto aprobado.
Efectos mixtos de la baja inflación
El Observatorio de la Deuda Social Argentina, dependiente de la UCA, indicó que la pobreza bajó al 49,9% en el tercer trimestre de 2024, mostrando una leve mejoría. Según Agustín Salvia, director del Observatorio, el año podría cerrar con una reducción de 10 puntos porcentuales en la pobreza, impulsada por la baja inflación.
Sin embargo, Salvia advirtió que los recortes han dejado brechas en la asistencia. “Casi el 25% de los hogares en inseguridad alimentaria severa no recibe ayuda del Estado, mientras que otro 24,6% de hogares que no padecen hambre sí acceden a transferencias”, destacó, señalando falencias en la distribución de recursos.
Si bien el Gobierno celebra sus avances fiscales, los efectos sociales de estas políticas generan incertidumbre sobre su sostenibilidad en el mediano plazo, especialmente en un país donde la pobreza sigue siendo una deuda pendiente.