En un clima de creciente tensión política, el Senado de la Nación se encamina hacia una sesión sin precedentes. Este jueves 10 de julio, a las 14 horas, un sector mayoritario de la oposición se autoconvocará en el recinto para tratar una serie de proyectos de alto impacto social y fiscal, sin acuerdo previo con el oficialismo ni convocatoria formal por parte de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.
La jugada, calificada como una “sesión a ciegas”, podría derivar en la aprobación de leyes que el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará. La agenda en el Senado impulsada por Unión por la Patria, junto a bloques aliados del radicalismo y el PRO, incluye: Una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, con un aumento del 7,2% y actualización por inflación.
La restitución de la moratoria previsional, suspendida por el Ejecutivo. La declaración de emergencia en discapacidad hasta 2027, con mejoras en pensiones y aranceles. Dos proyectos para redistribuir fondos a las provincias: uno sobre los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y otro sobre el impuesto a los combustibles.
Una declaración institucional sobre la situación de YPF, en medio de versiones cruzadas sobre su gestión y su rol estratégico. Además, algunos legisladores plantean la posibilidad de una futura sesión secreta para tratar temas sensibles vinculados a la causa YPF, lo que añade un componente de opacidad y controversia al debate.
La sesión ha sido calificada como “a ciegas” porque no existe una convocatoria formal ni un plan de labor parlamentaria acordado. La oposición asegura contar con entre 40 y 50 senadores dispuestos a sentarse en sus bancas, superando el quórum mínimo de 37. Sin embargo, el temario y el orden de tratamiento se definirán sobre la marcha, lo que podría generar disputas reglamentarias y hasta judicialización del proceso.
El oficialismo, por su parte, cuestiona la validez de los dictámenes de comisión que habilitan el tratamiento de los proyectos. Alega que fueron elaborados en reuniones no conjuntas y sin la convocatoria de las autoridades correspondientes, lo que violaría el reglamento del Senado.
Una pulseada con final abierto
La sesión representa una fuerte pulseada entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Desde la Casa Rosada ya advirtieron que vetarán cualquier ley que implique un gasto estructural, en línea con su objetivo de mantener el superávit fiscal. “No vamos a permitir que el Congreso imponga normas que rompan con esa línea”, señalaron desde el entorno presidencial.
El presidente Milei incluso acusó a los gobernadores de estar “desbocados” y de querer “destruir al Gobierno nacional”, lo que tensó aún más la relación con los mandatarios provinciales, muchos de los cuales respaldan los proyectos que se tratarán en el Senado.
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