El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Entre Ríos manifestó “su profundo rechazo al veto presidencial ejercido por el presidente Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad. La norma fue recientemente aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional”.
En efecto, el Ejecutivo nacional vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad que buscó declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. En su articulado, propuso regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad.
En ese marco, desde el Colegio de Profesionales del Trabajo Social aseguraron que el veto “no solo representa un acto de desconsideración hacia las personas con discapacidad y sus familias, sino también una grave vulneración a los derechos humanos, consagrados en la Constitución Nacional, tratados internacionales y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional en nuestro país”.
“La emergencia en discapacidad no es una abstracción: es el reflejo concreto de una realidad crítica que atraviesa a miles de personas en Argentina”, sostuvieron desde el Colegio. Y alertaron además que la falta de prestaciones, demoras en pagos, discontinuidades en tratamientos, pérdida de cobertura, obstáculos para el transporte, la educación y el trabajo; “configuran una situación alarmante que exige respuestas urgentes del Estado, no indiferencia ni ajuste”.
Por otra parte, remarcaron que, desde su práctica cotidiana, son “testigos directos del sufrimiento que provoca esta desprotección. Como profesionales comprometidas y comprometidos con la justicia social, afirmamos que la discapacidad no puede ser gestionada bajo la lógica del recorte o la rentabilidad. El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a derechos, no de desmantelarlos”.
Y exigieron al Poder Ejecutivo que reconsidere esta decisión, que escuche a las organizaciones de personas con discapacidad, a las familias, a las y los profesionales, y que priorice la vida y la dignidad por sobre cualquier cálculo económico.
También se solidarizan “con quienes hoy ven una vez más postergados sus derechos y llaman a toda la comunidad profesional y a la sociedad en su conjunto, a mantenerse movilizada y activa en defensa de un país con justicia social, inclusión y derechos para todas las personas”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora