En la vereda dos mujeres cargan bolsas. Tienen gaseosas y comida envuelta en papel gris, como si recién hubieran salido de una rotisería. Es de mañana y todavía es demasiado temprano para pensar en el almuerzo. Están en Julián Alvarez al 2300, acomodan las bolsas en un lado y en otro como esperando que alguien les abra la puerta. Los policías que custodian la comisaría 14A de Palermo las miran atentos.
Estas mujeres, acá y como en casi todos los penales y comisarías del país, son las encargadas de llevar la comida a sus familiares que están presos.
En este punto de Palermo funcionan la comisaría 14A y la alcaidía 14A. Dentro de este edificio de una sola planta, en una casa antigua, hay 43 personas detenidas.
Clarín recorrió el lugar y la escena es más cercana a una comisaría de la Bonaerense durante sus años más críticos que a la de un barrio donde el metro cuadrado cuesta alrededor de tres mil dólares.
Lo que era una casa chorizo se transformó al ritmo de un problema que parece no tener freno ni final: la crisis con los presos en la Ciudad de Buenos Aires, el cuento de la buena pipa versión detenidos.
Con 24 fugas en 14 meses la situación parece estar a punto de explotar.
En esta comisaría los espacios se ven desconectados aunque están en el mismo edificio. Los encargados de custodiar a unos no saben cómo es la dinámica de los presos del otro lado del patio. Hay refuerzos, adicionales y las caras cambian todo el tiempo.
En lo que corresponde a la comisaría hay 28 hombres en una celda de cuatro por tres metros sin baño ni ventana. Para entrar, los policías que los cuidan tienen que dejar el arma y esperar que otro les abra la reja con una llave que siempre está afuera. La pistola reglamentaria espera en un gabinete de chapa sin puerta hasta que salgan de su turno.
El calabozo está partido en dos: de un lado dos detenidos esperan su turno para asistir a audiencias virtuales en una notebook y del otro 21 presos se dividen en un tetris de colchones tirados en el suelo.
Para bañarse o hacer sus necesidades todos deben salir por turnos acompañados de dos custodios, cruzar el patio en el que se acumulan motos secuestradas, patrulleros estacionados y personas, que por ejemplo, quieran hacer una denuncia.
No tienen cocina, baño ni visitas, algo que no cumple con ninguno de los protocolos correspondientes al trato de personas en situación de encierro.
En la alcaidía, el lugar que sí fue pensado para alojar a los presos, la situación no mejora. Hay calabozos con dos personas por celda pero en el suelo y con un baño para 16 hombres. Una de las celdas es usada para las visitas y pasan todo el día encerrados porque no tienen patio.
Las “mecheras” y Palermo son una combinación que se repite: mujeres que entran a locales y se llevan ropa para usar o revender.
En esta comisaría hay cuatro pero ningún lugar exclusivo y seguro para ellas. Por eso están amontonadas en una oficina detrás de una puerta corrediza de plástico, custodiadas por tres mujeres policía. No hay rejas ni baño y apenas una ventana. No es ni siquiera un calabozo. Para higienizarse usan el vestuario de los policías.
Según datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, el 3,4 por ciento de los detenidos en la Ciudad son mujeres, además de cinco mujeres trans. Las comisarías no están preparadas para alojar mujeres separadas de la población masculina en casi ninguna sede.
En medio de una pelea política que está en ascenso entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad de la Nación, hay al menos 16 de fallos judiciales que insisten en que los presos tienen que ser trasladados a penales federales.
Los datos que explican el desborde
La cantidad de personas detenidas en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires creció sin parar, sobre todo desde la pandemia a esta parte, impulsado por una política de seguridad centrada en las detenciones.
Según datos del Ministerio de Seguridad porteño, se detienen por día alrededor de 100 personas en territorio porteño. Si se interpreta la ley, no podrían pasar más de 48 horas bajo custodia de la Policía hasta que un juez resuelva la situación procesal, algo inaplicable porque ese flujo de detenciones no cabe en ningún lugar del país.
En 2020 había 448 detenidos en la Ciudad, una cifra que creció un 400% en cinco años. La presión sobre el sistema penitenciario aumentó a pasos agigantados y las fugas de comisarías porteñas dejaron al descubierto una papa caliente para la Ciudad y para la Nación, entre quienes se reparten responsabilidades como si jugaran al quemado.
Actualmente, la capacidad total de alojamiento en la Ciudad es de 1.000 plazas, pero el número de detenidos asciende a 2.434, lo que indica una sobrepoblación preocupante.
Hay 1.474 personas en alcaidías, 525 en comisarías vecinales y 420 en lugares transitorios, con 15 personas aún por ingresar que esperan en oficinas o espacios comunes. Esta situación genera condiciones de hacinamiento y se incumplen derechos humanos básicos.
Según un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación que monitorea la situación «a pesar de que la Policía de la Ciudad determina una cantidad ideal de alojados por comisaría, al tratarse de espacios destinados al alojamiento transitorio, se trata de un cupo que no se ajusta a ninguna de las convenciones sobre el tratamiento de personas reclusas», expresan en el informe mensual sobre la situación. Además agregan que «las deficiencias se refuerzan por presentar sistemáticamente sobrepoblación».
El problema no parece ser la sobrepoblación sino la falta de condiciones para tener personas en situación de encierro.
Ante esto Ciudad de Buenos Aires insiste en que los presos “no son responsabilidad de la Ciudad” pero con tres fugas en lo que va del año y 24 prófugos, parece no poder eludir el problema.
Anunciaron la construcción de una Alcaidía en Soldati que se frenó bajo la promesa de un lugar a levantarse en predios del Servicio Penitenciario Federal pero que no se ha concretado.
También desde 2018 está en construcción una unidad penitenciaria en el penal de Marcos Paz pero estuvo paralizada hasta hace dos meses también por conflictos políticos entre Ciudad y Nación.
Ese nuevo módulo no solucionaría la situación límite porque en realidad es para mudar a los presos del penal de Devoto y sacar la única cárcel de la Ciudad, algo que todavía insisten en concretar.
El martes de la semana pasada, el jefe de Gobierno Jorge Macri habría tenido una conversación con la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich en la que –dijeron– se comprometió a trasladar a 400 presos con condena. Bullrich desmintió rápidamente el número y habló de un convenio que no tiene precisiones ni fecha de firma.
En medio de la tensión, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N° 23, a cargo del juez Norberto Circo, ordenó el viernes que las personas condenadas que se encuentran en comisarías y alcaldías de la Ciudad sean trasladadas a cárceles federales. Fue tras la presentación de un habeas corpus interpuesto por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos.
En el escrito se especifica que en las comisarías y alcaidías de la Ciudad hay en la actualidad alojadas 2.455 personas “pese a que estos espacios son dispositivos de alojamiento transitorio y no cuentan con las condiciones mínimas requeridas por la normativa nacional e internacional para la detención de personas condenadas”.
El fin de semana la ministra de Seguridad difundió una carta explosiva en la que habló de extorsión y cuestionó duramente a la Ciudad por la situación con los presos: «Teníamos la obligación legal de recibir 60/70 presos semanales y voluntariamente, desde el inicio de este gobierno, pasamos a recibir 90 internos semanalmente, es decir, un 50% más; ofrecimos 100 plazas en el interior del país y un cupo especial de 50 plazas para ofensores sexuales. La Ciudad, sin embargo, solamente utilizó el cupo de 90 plazas semanales».
Además, cuestionó: “El 10 de abril de 2024, ofrecimos formalmente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que realizara construcciones modulares en predios del Servicio Penitenciario Federal para poder alojar allí a 400 de sus presos, con la posibilidad de alojar a 600 más. Esta propuesta fue absolutamente rechazada por las autoridades de la Ciudad».
Para la custodia de los detenidos la ciudad destinó 3.000 policías y reconocen un gasto de 83 mil pesos por día por preso.
Bullrich apuesta al traspaso del Servicio Penitenciario a la Ciudad en unidades penitenciarias federales, algo que estuvo en negociación hasta que el diálogo «se rompió», según reconocieron. No está claro cómo sería el proceso para traspasar al SPF ni si implicaría transferencia de partidas en el presupuesto.
En el Ministerio de Seguridad de la Ciudad advierten que el problema es “tan complejo que no se soluciona con plata”, además reconocen que parece más cercano el traspaso del servicio penitenciario que de la justicia, algo que consideran clave para afrontar el problema.
Explicaciones en la legislatura
El ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, fue citado el miércoles por la Comisión de Seguridad para dar explicaciones sobre las fugas en las comisarías porteñas. Debía asistir la semana pasada pero seis detenidos se escaparon de la Comisaría Vecinal 3A, ubicada en Lavalle al 2600, en Balvanera, y postergó la presentación.
Entre tensos cruces con los legisladores por la responsabilidad en la crisis penitenciaria, Wolff increpó: «¿Sabían que tenemos un condenado por cadena perpetua, en Cabildo 332, por homicidio? ¿Sabían que tenemos un condenado por cadena perpetua a una puerta de la calle? Ustedes me preguntan quién tiene la culpa. Por ahí en redes ponen ‘tiene la culpa Wolff’. Este, cuando se escape, va a matar a uno de sus familiares, y 16 jueces de la corte dicen que es del SPF«.
Los diputados cuestionaron que «los porteños sean rehenes de un conflicto político con Patricia Bullrich» y el crecimiento del 10 por ciento en robos y hurtos.
También repasaron anuncios y contra anuncios para avanzar con el traslado de los presos, que nunca se concretaron. Y lo cuestionaron sobre el presupuesto y la falta de respuestas ante pedidos de informes.
MG