El tiempo pone todo en perspectiva y, por lo general, lo hace de una manera despiadada. Aquel establishment que en los últimos 20 años hizo gala de la defensa de las instituciones ante el avance del poder político de turno -en general el peronismo- parece haber hecho un pacto de silencio con el Presidente Javier Milei para evitar cuestionar una agenda que, claramente, supone un avance inédito y peligroso del Ejecutivo no sólo sobre la independencia de poderes, sino sobre la Justicia y los organismos de control que deben investigar al mandatario por la estafa con la cripto moneda $Libra.
La referencia es a un mutis por el foro total de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Unión Industrial (UIA); posiciones muy lavadas de la AMCHAM (cámara de empresas estadounidenses) e IDEA. En este contexto, además, hubo escenas surrealistas. La Cámara Argentina de Comercio (CAC), la gremial empresaria más afectada por la caída del consumo y, a la vez, la más militante de Milei, hizo un comunicado sobre la inseguridad en el Conurbano el mismo día que la Corte Suprema le tomó juramento a Manuel García Mansilla, que junto a Ariel Lijo son los dos magistrados nombrados en el máximo tribunal vía un decreto de Milei.
La foto macro expone a las claras que la retórica de los grupos de poder respecto a la necesidad de construir seguridad jurídica para atraer inversiones y mejorar el clima de negocios, no era más que un eslógan vacío. A todas luces, el problema no parecía ser el avance del poder político sobre la Justicia, sino más bien a qué aspecto de la justicia criticaba aquel poder de turno, y a qué sectores sociales afectada aquella Justicia. En pocas palabras, si hay jueces que, en línea con el Gobierno, pueden tender a favorecer a los privados, no habría allí ningún atentado contra la democracia y la seguridad nacional.
«¿Un comunicado con aplausos?»
Página I12 consultó en la UIA por qué no hubo comunicados sobre algunos de los temas de excesos del Gobierno, más precisamente los nombramientos de jueces por decreto. «¿Un comunicado con aplausos?», respondió, con sorna, un líder fabril bonaerense. La misma fuente admitió que «ni si charló el tema». Lo mismo ocurrió en AEA, la cámara donde mandan Techint, Arcor, Clarín y Ledesma. Ni una mención pública de los escándalos del Presidente.
El problema aquí es histórico, de resistencia al archivo. Durante el kirchnerismo y el gobierno de Alberto Fernández (con Macri también sobrevino el silencio=, las cámaras empresarias tomaron una posición radicalizada por hechos mucho menores a los actuales. En noviembre del 2013, de hecho, hasta se creó el Foro de Convergencia Empresarial, que reunió a empresarios a título individual y hasta abogados del Colegio de Abogados porteño. El coordinador era Miguel Blanco, ex Swiss Medical y hoy Síndico General de la Nación. Por nombre solo algunos, ese Foro hizo comunicados criticando al gobierno al kirchnerismo y, luego, textos contra por la intervención de Vicentín. En 2022 se pronunció «por la grave crisis institucional» de un Ejecutivo que no quería cumplir fallos de la Corte; y en 2023 denunció un «gravísimo ataque a las instituciones» cuando se pidió juicio político a los cortesanos.
Pero eso no fue todo: en 2022, precisó el Foro que «el Senado de la Nación perdió una oportunidad histórica de generar un punto de inflexión y enviar una señal que fortaleciera el frágil estado de la Seguridad Jurídica existente en nuestro país. La decisión del bloque mayoritario de Senadores de insistir en la división en dos sub-bloques, a fin de enviar tres representantes al Consejo de la Magistratura, constituyó un claro desafío al fallo emitido hace menos de una semana por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señaló el comunicado del foro». Es decir, hasta supo el Foro inmiscuirse en cuestiones políticas de los propios partidos para criticar la supuesta falta de seguridad jurídica. Hoy, ese foro vive en un silencio estruendoso.
De la sobreactuación a los textos lavados
En este contexto, hubo sólo dos entidades que emitieron sendos documentos sobre el tema de las designaciones en la Corte Suprema. La referencia es para IDEA y para la AMCHAM, la cámara de empresas estadounidenses.
En ambos casos, vistos sus planteos en perspectiva, los textos actuales muestran posiciones lavadas. Incluso la agitación pública de los comunicados ha tenido nula o casi nula rotación en los medios masivos.
¿Qué dice el comunicado de IDEA respecto a los nombramientos en la Corte? que «la designación de jueces de la Corte Suprema por decreto, debilita la calidad de nuestras instituciones y contradice los valores republicanos”. Desde la cámara empresaria más afín al Gobierno y que en su último coloquio marplatense bajó la misma línea política que se dispara desde Casa Rosada, agregaron además que «existiendo los procedimientos constitucionales (…), es responsabilidad de cada uno de los poderes de la República la presentación de candidatos con fundados antecedentes de probidad, así como su debate y aprobación oportuna. El principio de la división de los poderes, con sus mecanismos de controles y equilibrios, es la base de nuestro sistema democrático. (…) Como representantes del sector empresario, hacemos un llamado a todos los poderes y a los representantes de todo el arco político a fortalecer la institucionalidad, condición indispensable para generar la confianza que permite atraer las inversiones, tan necesarias para el desarrollo futuro del país”.
Por su parte, AMCHAM aseveró que la movida del Gobierno “representa un riesgo potencial para la seguridad jurídica y el equilibrio institucional que debe regir en una república democrática (…), y no parece el camino más adecuado, a menos de una semana del inicio de las sesiones ordinarias de 2025”.