El reciente anuncio del Gobierno sobre la disolución de 11 programas sociales y culturales gestionados por la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia ha generado un amplio debate en la sociedad.
Esta decisión del Gobierno, implementada a través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, fue justificada por el Ministerio de Capital Humano como una medida necesaria para lograr una administración más eficiente de los recursos públicos. Sin embargo, el impacto de esta decisión en las políticas públicas destinadas a la infancia y adolescencia ha despertado preocupaciones y críticas en diversos sectores.
Entre los programas eliminados se encuentran iniciativas emblemáticas como «Participar en Comunidad», el «Programa Nacional de Promoción y Protección de Derechos», y el «Programa Nacional de Derecho al Juego (JUGAR)». Estas iniciativas tenían como objetivo fortalecer la participación comunitaria, promover los derechos de niños y adolescentes, y garantizar el acceso al juego y actividades recreativas, respectivamente.
Según el Gobierno, la eliminación de estos programas responde a la necesidad de readecuar y unificar normativas que presentaban duplicidad de funciones, lo que generaba ineficiencia en el uso de los recursos públicos.
El programa «Participar en Comunidad», por ejemplo, buscaba fomentar la articulación entre instituciones y actores locales para abordar de manera integral las necesidades de los sectores más vulnerables.
Su eliminación, junto con la de otros programas similares, ha sido justificada por el Ejecutivo como parte de un esfuerzo por modernizar la estructura administrativa y eliminar cargas burocráticas innecesarias. Sin embargo, críticos de la medida argumentan que estas iniciativas eran fundamentales para garantizar la protección y promoción de derechos en comunidades vulnerables.
Programas
Otro programa destacado que fue dado de baja es el «Programa Nacional de Promoción y Protección de Derechos», que tenía como objetivo fortalecer el reconocimiento de niños y adolescentes como sujetos de derechos y promover su integración familiar y comunitaria.
Este programa también incluía la operación de Centros de Promoción de Derechos, que ahora han sido discontinuados. La eliminación del Gobierno de estos espacios plantea interrogantes sobre cómo se garantizará la continuidad de las políticas de protección integral de la infancia.
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