El Gobierno denunció a los barras y militantes detenidos durante el violento enfrentamiento en el Congreso por los delitos de sedición, atentado al orden Constitucional y la vida democrática y asociación ilícita agravada. Además, pidió a la Justicia que “se requiera la declaración de incompetencia por ‘inhibición’” a la jueza que los liberó.
Los hechos investigados implican a diversos actores y sectores sociales, señalando una organización premeditada para llevar a cabo actos violentos durante la marcha convocada, originalmente, en apoyo a los jubilados.
El detonante de esta denuncia fue una movilización organizada a través de redes sociales por diferentes agrupaciones el pasado miércoles, que derivó en diversos incidentes violentos en las inmediaciones del Congreso Nacional.
Según el texto presentado por el Director Nacional de Normativa del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, las consignas reivindicativas de la marcha derivaron rápidamente en disturbios encabezados por grupos organizados, incluyendo a integrantes de barras bravas, dirigentes políticos y sindicales.